martes, 16 de octubre de 2012

En todas partes cuecen habas.

El expolio del Palau de la Música Catalana y las diversas causas judiciales que se han derivado han salpicado de lleno a varios pesos pesados de Convergència Democràtica (CDC). Uno de los mayores escándalos de las últimas décadas en Catalunya, con el desvío de más de 35,1 millones de euros de los fondos públicos del Palau, no sólo ha implicado a altos cargos convergentes, sino al propio partido. Tanto es así, que en julio de este año, el juez Josep Maria Pijuan impuso una fianza de 3,2 millones a CDC por haberse beneficiado, presuntamente, del saqueo de la institución.
El magistrado considera que hay “indicios” de que el partido liderado por Oriol Pujol se financió de forma irregular. Por un lado, en base a “entregas opacas de dinero en efectivo” efectuadas por el ex-presidente del Palau, Fèlix Millet, y quien fue su mano derecha, Jordi Montull. Para ello podrían haber contado con la colaboración del entonces tesorero del partido, Carles Torrent, -ya fallecido- y su sucesor, Daniel Osácar, que ha sido imputado en el caso.
En el sumario del caso, el Palau aparece como intermediario de presuntos pagos de la constructora Ferrovial a CDC. Las pesquisas del juez revelan que el destino de las donaciones de la constructora fue la Fundación Trias Fargas, una “plataforma de pensamiento político” del partido –actualmente Fundació CatDem-, a cambio de que el gobierno presidido entonces por Jordi Pujol le adjudicase obras de gran envergadura, como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia.
Ferrovial también fue la adjudicataria de un nuevo pabellón municipal en Sant Cugat del Vallès. El alcalde de la población era en esas fechas el actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, y el cargo de gerente municipal lo ocupaba Jordi Turull, portavoz de CDC en el Parlament. Según el juez, Millet y Montull participaron en el cobro de esas comisiones como “intermediarios” entre la constructora y “personas afines a Convergencia”. Un informe policial examinado por el Tribunal de Cuentas concluye que la Fundación Trias Fargas recibió 6,5 millones en donaciones de importantes empresas, que en parte acabaron en las arcas de CDC.
La segunda línea de financiación irregular de Convergencia podría haber tenido como piedra angular a dos empresas dedicadas al buzoneo y al montaje audiovisual, New Letter y Letter Graphic. Las compañías cobraron 982.000 euros al Palau por unos trabajos que no se ha podido acreditar que se realizaran. Apunta el juez la posibilidad de que dichos servicios se prestaran a CDC, amén que dichas empresas han participado en campañas electorales de la formación nacionalista.
A pesar de que los nuevos responsables del Palau hayan exculpado a CDC de haberse lucrado con la entidad, bajo el argumento de que “no hay indicios” de pagos al partido, los nacionalistas tuvieron hacer frente a la fianza impuesta por el juez como responsable civil “a título lucrativo” del saqueo, y entregaron como aval las escrituras de su sede en Barcelona, un edifico de siete plantas situado en el Eixample.

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